Cuando Maxi Robespierre y su pandilla de revolucionarios parisinos hilvanaban lo que todavía está por coser, casi seguro estoy que para ellos y para los girondinos, las discusiones y los debates de la Asamblea eran revolucionarios. En los debates y asambleas de esta primavera tórrida y soleada, no me parece que exista convicción de que estamos ante un acontecimiento social que merezca tal nombre; pero como los esfuerzos y las tensiones han sido abundantes, seguro que las propuestas no solamente dejarán poso sino que germinarán.
Antes de que sepamos si la plaza vuelve a ser el campo primigenio, cruce de calles, almacén de sueños,… ya están los agoreros pronosticando su inanición o, lo que es más y mucho peor, que el movimiento se pare en un partido político (por absorción/por creación); será entonces cuando tendremos más seguridad a la hora de utilizar, o no, con precisión, el calificativo «revolucionario».
Las propuestas que mayor magnetismo podrán crear giran alrededor de nuestra capacidad como sociedad para ser abundantes también en «trabajo»; lamentablemente, parece que nadie reivindica que lleguemos a lo que podríamos llamar «derroche laboral». Cosa que me parece hasta milagrosa si me dedico a ver números de trabajadores afiliados a los sindicatos, a la participación de los afiliados, al respaldo y valor concedido por la ciudadanía a las tareas sindicales y a la filosofía escrita y practicada por algunas organizaciones que se dicen defensoras de los derechos y de los deberes de los trabajadores.
Pues la segunda tanda de propuestas, en número de cinco, se destinan a diseñar una estrategia contra el desempleo. Son éstas:
1.- Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
2.-Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
3.-Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
4.-Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
5.-Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.
Creo que la necesidad de repartir el poco trabajo que se ofrece, tiene que ver con las herramientas. Bien pronto me parece que nos hemos olvidado del avance de nuevo maquinismo, que incluso el ocio -no ya el trabajo- viene dispuesto en máquinas. El resultado es que no sólo se abarata la pena del trabajo sino el tiempo del trabajo, y lo último repercute en una menor cantidad de trabajadores. Ello supuso hace más de medio siglo la aventura de dictar por ley una jornada máxima de ocho horas diarias y un correspondiente descanso semanal que se ha ido agrandando y parece no tener fin. Para ambas situaciones apunté meses atrás algunas reflexiones que quizá convenga revisar: tal vez sea viable una jornada laboral de seis horas con la proporcional reducción de salario y quizá no sea de locos comenzar a pensar en otra concepción de la semana diferente a como la dibuja el Génesis o la impuso la cultura judía.
Acerca de la jubilación, la concepción del Estado del Bienestar apunta a una personalización de las condiciones de trabajo de forma que cabe esperar diferentes formas de abandonar o cambiar de trabajo sin que una determinada edad sea la clave definitoria. Y conviene buscar planteamientos de un periodo de tránsito hacia la jubilación definitiva con jornadas adaptadas al trabajador y/o a la empresa o administración.
Sobre el trabajo temporal es cuestión que debemos aceptar y que viene impuesta por las tendencias sociolaborales a la adaptación; hay empresas que pueden afrontarla causando beneficios. Otra cosa y necesidad es que debamos impedir abusos. La cuenta quizá se aclare diciendo que a la sociedad le debe dar igual que un trabajo de ocho horas lo ejecute una persona en ese tiempo, o sea ejecutado por dos personas que hayan trabajado cuatro horas cada una.
El despido cuando existen beneficios no persigue otra cosa que buscar más beneficios, esa es la clara filosofía que sustenta la teoría de la competitividad, que por cierto, no sé como no ha sido agarrada de los pelos incluso por pensamientos progresistas, cuando observamos que el ser competitivo se aleja mucho del ser solidario y fraternal.
Acerca del restablecimiento de un subsidio no debe fijarse en un número único, creo que estamos en condiciones de asegurar una mejor atención a la persona sin trabajo teniendo en cuenta su condición familiar, de renta y de limitaciones por edad o condición de valía. Ello implica una mayor cantidad de personas dedicadas a las oficinas públicas de atención laboral.
Vale. Pero les noto un tremendo olvido. En nuestra sociedad y cultura -Europa Occidental- el trabajo es un elemento contractual que surge a través de las iniciativas empresariales. Siempre nos han hecho creer que son las empresas las instituciones que crean empleo y la función de las administraciones públicas residen en animar y ayudar en lo posible a las iniciativas empresariales. Muy bien. Pero en el andar cotidiano, las personas con graves problemas económicos porque no encuentran trabajo, acuden a los Ayuntamientos a demandar «lo-que-sea» y ahí tenemos a miles de alcaldes agobiados por atender una necesidad que ninguna de las leyes que regulan las Haciendas Locales recogen como de obligado cumplimiento. Item más, tan solo cuatro o cinco años atrás, las empresas denostaban (por decirlo educadamente) a los gobiernos municipales que decidían hacer obras públicas por administración, argumentando que los Ayuntamientos «quitaba» el trabajo a las empresas. Ahora son las empresas las que demandan a las instituciones públicas el fomento de obras públicas para salir del bache; es decir, estamos en la época donde las empresas piden empleo a las administraciones. Ahora son también los obreros quienes acucian a los Ayuntamientos para que les «den» trabajo. Ahora han sido los aspirantes a regir los gobiernos municipales los que han prometido «crear» empleo. Ahora podrá salir quizá alguien a recordarle que esos dineros públicos no deben tener carácter finalista distinto al previsto por los textos refundidos. Parece un primer paso hacia una malversación general y consentida; eso es lo que parecen decir nuestras más elevadas palabras.
¿Vamos/queremos ir hacia un estado comunista donde los bienes de producción y las condiciones laborales las dicta papá Estado?
Goyo
02-jun-11
