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Spanischrevolution (VII)

Poderjudicial

Los remates de final de curso impiden ocupar la atención debida en los menesteres de otra gente que también reflexiona en libertad y con libre aspiración.

Siempre que cavilo me aparecen trabas o profundidades inabordables. Me sumerjo en opciones que, cuando las quiero traducir en acciones, yo mismo me pongo a considerar el ahogo; es como si tuviera la sensación de que bajar al fondo es fácil, pero ello me imposibilitaría llegar con aire de nuevo a la superficie. A eso algunos llaman autocensura. Así que como me gusta estar seguro con mis límites, supongo que aceptaréis que quiera estar seguro con los vuestros.

Las libertades ciudadanas ya tienen de por sí el propio límite de la ciudadanía, que exige compartir un espacio, un tiempo y una acción que debe producirse a la par y que debe asegurarse para cualquier miembro. Y el capital ideológico de los sistemas democráticos aumenta rápidamente cuando se asegura la libre participación, a la vez que aumentan las contradicciones. Ahora me explico: cuanto mayor libertad nos ofrecen las TICs para emitir comunicaciones y opiniones, mayor riesgo de control de los excesos; encuentro escandalosos los casos en los periódicos digitales que permiten el uso libérrimo de un nick ocasional para esconder la autoría de una calumnia. Un control que apunte directamente a la responsabilidad civil o penal de la persona opinante debería ser obligatorio.

LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

1.- No al control de Internet. Abolición de la Ley Sinde.
2.- Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
3.- Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
4.- Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
5.- Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
6.- Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
7.- Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.

Estas son la siete líneas de propuestas. Como me considero socrático, la una y la dos las doy por contestadas en las primeras reflexiones.

Los referéndums obligatorios y vinculantes son armas que ya podrían estar en disposición de la ciudadanía y ejercitadas desde las potencialidades que permiten las tecnologías actuales. Un desarrollo parejo a la identificación cibernética debe permitir votar con las seguridades «bancarias»; es decir, si la insdustria bancaria ha posibilitado la seguridad -siempre relativa- de los dineros privados, no debe estar muy lejos garantizar la seguridad del voto individual.

El problema que percibo en los amantes del voto en blanco y del voto nulo es cómo trasladar tan resbaladiza opción al personaje que debe representarla. Cuando yo anulo una opción legal posible tachando la papeleta, por ejemplo, si deseo que esa decisión tenga recogida representativa, deberá hacerse pública la lista de las personas que aceptan recoger tan imprecisa voluntad. Con el caso de los votos en blanco, ¿deberíamos instaurar una especie de lista de los «perros del hortelano»?. La opción respetable de votar para no decidir, es correlativa, inherente a vaciar la representatividad del votante.

Al parecer, sin necesidad de utilizar la togas para construir tiendas de campaña, tres jueces del Tribunal Constitucional han presentados su dimisión a la vez que acusan a los partidos políticos de no haber ejercido su facultad renovadora. O sea, que algo del Poder Judicial depende del Poder Legislativo que es el que elige al poder Ejecutivo. O sea, que tan solo hay un grado efectivo de ejercicio democrático a la hora de elegir democráticamente cualquiera de los tres poderes teóricos separados que se piden para los estados modernos: elegimos a los políticos, en lista cerradas, que van al Parlamente a hacer la leyes; éstos a su vez -sin contar con nosotros- eligen a los políticos que ejecutarán las leyes y ejercitarán el gobierno… y, de nuevo a su vez, elegirán a los jueces que interpretarán la valía de las nuevas normas y el ajuste de las que se ejecutan. Elegimos una cosa muy distinta a lo que proclamaron los primeros pensadores de la separación de poderes, que utilizaron el término «separación», que está muy claro qué significa.

Ojo con lo que escribes, me comenta uno. Los diferentes colectivos de magistrados, que incluso tienen ya afamadas siglas, podrían funcionar como opciones diversas que presenten listas abiertas de las personas que a su juicio tienen capacidad para desarrollar su cometido dentro del Poder Judicial sin dependencia directa de los los partidos o las personas que han sido elegidas para labores legislativas. Ni que tampoco tuviesen dependencia de partidos o personas elegidos para las tareas ejecutivas o de gobierno. Por ahora, conocemos la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco Vitoria (FV) o el colectivo Jueces para la Democracia (JpD). Porque lo que ahora vemos claro es la rigurosa dependencia de parte del poder judicial de los criterios del poder legislativo.

Cuando los teóricos de la «separación de poderes» pensaron en el asunto, ¿no pensaron también en «procesos separados de elección de poderes«?

Está muy bien acercarse a los desafíos que aporta la Democracia Participativa; pero acercarse a todos.

Goyo
05-jul-11

Spanishrevolution (V)

Carlitos_ladrón

El quinto es no matarás. Así que me place sobremanera que las asambleas prediquen su rechazo hacia la usura y al «ejercicio financiero fino», que tiene más mala leche que la letra pequeña de los seguros. No llega a matar la vergonzante teoría bancaria actual, muy a pesar del aumento de náuseas. Cada día más, me considero pesado y ajeno cuando piso el lujoso suelo del banco que se mantiene limpio y perfumado en la misma medida que sus altos dirigentes reparten podredumbre.

Para colmo me sobresalta el recuerdo: cada vez que se inaugura una sede bancaria, avisan al cura y bendice las instalaciones. ¿ No se os pierden algunas neuronas cuando pensáis de forma repugnante ? ¿ Qué cosa bendita tiene la pasta para sacramentarla ? ¿ No será una sutilísima manera de sugerir que así se está más próximo al paraíso… fiscal ?

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:

1.- Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
2.- Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
3.- Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
4.- Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
5.- Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

Así que quedan aprobadas por unanimidad las propuestas soleadas, queda abolida la huida de capitales al Jardín del Bien y del Mal, queda clara la disposición social a que los bancos paguen, con la misma religiosisdad que son bendecidos en su apertura, los impuestos que permitan una visión más justa del dinero. Queda instalado el carné por puntos a los bancos de forma que las sanciones lleven a los cierres pertinentes y queda prohibido correr con capitales a más de 110.

Me extraña que no hayan recogido la posibilidad de solicitar de la patronal bancaria que diseñen una pegatina, que se adhiera a las limpias cristaleras y que diga, por ejemplo: «En este banco no robamos». Sospecho que hay algunos con deseo de ponerlas.

Goyo
15-jun-11

 

Spanischrevolution (IV)

Parlamentoeuropeo

De pronto, me vuelve a contentar la conclusión que define el concepto que los asamblearios tienen sobre los servicios públicos; dedicar siete ideas globales a regular los fundamentos de sus deseos, quizá traduzca un valor añadido a este apartado. Más añadido y más valorado que la escasita dedicación de tres frases destinadas a la dignidad de la vivienda.

Se me van los ojos de inmediato a los puntos 5 y 6. El quinto porque yo también me he declarado, tiempo ha, defensor de utilizar muchos más dineros públicos a la investigación y a la educación investigadora. Es verdad que a los pocos o muchos dineros que manejan las administraciones se les exige rendimiento inmediato y que la investigación y la educación son tardonas en devolver beneficios; pero los buenos dirigentes se distinguen por saber explicar las cosas difíciles de entender.

El punto 6 me agrada aunque el tratamiento que hace el colectivo sobre la problemática medioambiental se me presenta rácano, recatado y dulzón. Adentrarse en terrenos que analizan las limitaciones y choques entre Desarrollo y Medio Ambiente hubiera sido de agradecer. ¿Tampoco se atreven a decidir entre desarrollo y Medio Ambiente?. Hay que elegir. Llevamos sin elegir más de cuarenta años. Hay que hacer una transición hacia la Democracia. No se atreven ni a proponerlo.

1.- Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
2.- Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
3.- Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
4.- Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
5.- Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
6.- Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
7.- Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

Sobre el primer punto, sin duda generoso en periodo reciente, las administraciones públicas han correspondido exactamente a las peticiones ciudadanas; otra cosa es que ahora muchos ciudadanos se observen y hagan recaer toda las responsabilidad en los políticos. El conjunto ciudadano y gubernamental se ha distinguido abundando el crédito prostituido, el aplaudo a que el olor a fiesta invadiese hasta los confesionarios. Hemos gastado, hemos consentido y nos hemos inclinado hacia un derroche depravado, obsceno y chulesco. Nada que objetar entonces a la propuesta, no hay otro camino que la reconciliación con la sencillez.

Para pronunciarse sobre las listas de espera, se requiere antes un estudio comparativo de la demanda real -que no solo necesitamos Democracia Real, que también se requiere saber la Demanda Real-. Los números que se manejan son de diferente condición en las diversos sistemas sanitarios de nuestro país. No olvidemos que, al parecer y a la medida del resto de los países, los españoles en su conjunto gozamos del mejor sistema sanitario del mundo; incluso en este periodo. Ello no implica que sigamos defendiendo la incorporación total de los servicios odontológicos a la sanidad pública y reconocer y criticar que no son lejanas las voces que reivindican que los asuntos de belleza, ungüentos y afeites deben ser contemplados como atenciones sanitarias básicas. Nuestra salud global se eleva a medida que se elevan los tratamientos quirúrgicos, que son los que provocan las listas de espera. Bien es preocupante que la espera de la Comunidad de Madrid ostente un penoso primer puesto.

Situación pareja ocurre con el apartado número tres, la atención a las demandas de los modernos sistemas educativos varía en función de las
comunidades. En general, en España, solemos argumentar con el número más que con la eficacia y medir los derechos de los alumnos con los derechos sobrantes del profesorado. La irrupción de profesionales distintos al docente en los servicios educativos (aulas matinales, transporte, comedor, actividades complementarias, cuidadores,…) van componiendo un entramado de servicio público que en nada se parece a los existentes treinta años atrás. No creo que las deficiencias más serias se encuentren en las atenciones educativas. Quizá en Madrid la sensación o la situación sea distinta.

Se agradece mucho el resalte y la preocupación por cualquier tipo de dependencia, a la que quiero añadir la hermosura ideológica que hoy mismo me ha hecho descubrir Juan Goytisolo: «Nacer en España es una desgracia como nacer ciego, sordo o con una discapacidad similar. No tener la posibilidad de desarrollar el espíritu libremente, de tener acceso a la cultura, de expresar las ideas libremente, de hacer política libremente, supone una mutilación tan grave como las incapacidades físicas.»

Europa

Pero… ¿nadie de acuerda de los servicios públicos de corte europeo?. ¿Ya no tenemos referencias de los otros países del entorno?.¿ Se le ha olvidado al 15M Europa como parece haberse olvidado del Ecologismo?. ¿ Ni siquiera un reconocimiento a la inmensa ayuda europea recibida?. ¿ Ni siquiera la seguridad democrática ante una locura con tricornio?. ¿ No nos vale ya Europa ?. ¿Sobre qué referentes geopolíticos apetecerían acampar a l@s protagonist@s de esta aventura incompleta ?

Goyo
14-jun-11

Spanishrevolution (III)

Casa

El derecho a una vivienda digna que se airea en nuestra sociedad, es una expresión tan acertada como inválida. Apenas podemos ponernos de acuerdo en el concepto de vivienda; pero mucho más malamente vamos a concordar sobre el concepto de dignidad. La evidencia de esta calamidad conceptual -creo que sigue muy oscuro para todos el concepto de dignidad- es en verdad la esencia íntima del la crisis del ladrillo y causa primera de la penuria social que sigue alimentando este periodo de crisis. Ser indigno comienza dignificar a muchas personas.

Las propuestas asamblearias de la gente indignada -¿sin dignidad?- han resumido en tres los principios reivindicativos relativos a la necesidad de vivienda. Muy pocos aunque muy claros; si son claros puede que se hayan quedado en medio disquisiciones interesantes aunque oscuras. ¿Por qué tan pocos siendo tan larga y ancha la necesidad?. Aceptemos la brevedad como tesoro y alimento de las reflexiones.

1.- Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
2.- Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
3.- Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

Debido a nuestra cultura hispana sobre la propiedad, el fenómeno de la expropiación suele ser bien entendido por aquellas personas que van a ser beneficiadas como consecuencia de esa acción y muy mal comprendida por las personas que pierden su propiedad íntima a cambio de un dinero que siempre les parece insuficiente. En otros países, este sentimiento no provoca tanto rechazo; por ejemplo, en Bélgica, cuando los poderes administrativos deciden que un nuevo colegio se necesita para una zona urbana, se elige el centro geográfico de la zona afectada, se expropian las viviendas, almacenes o locales que convenga a la dimensiones que marca la normativa, y los afectados por la expropiación quedan tan satisfechos porque de ordinario, las contraprestaciones son en verdad lo suficientemente satisfactorias como para ayudar a olvidar los retazos sentimentales. El caso belga se sublima cuando es una nueva línea férrea la que requiere expropiaciones: todo el mundo quiere que la nueva vía pase por su propiedad. Así que yo hubiese sugerido primero una nueva cultura -pública/privada- afectiva favorable a la expropiación, lo suficientemente generosa para que en verdad seamos algo más creyentes en esta cosa tan difícil que llamamos «público».

Hace justamente un siglo, en 1911, saltaron las alarmas es este país porque se estaba edificando viviendas a un ritmo superior al ritmo del crecimiento demográfico; allá por el 2008 los cálculos que se efectuaban en nuestro país ofrecían la perspectiva de llegar al 2015 con una tasa de viviendas igual a la tasa de vehículos a motor: uno por habitante. La expropiación de los que tienen, no asegura la apropiación de los que carecen. En nuestro afincado y sagrado derecho a la propiedad, no existe tendencia declarada a impedir.

El punto 2 referido a las ayudas para el alquiler, es de tan pesada cordura, que en realidad serviría de ayuda a un primer paso que nos facilite entender que lo mismo que hay colegios y hospitales que albergan temporalmente a ciudadanos mientras se les presta un servicio, habrá de instituirse en respeto al derecho proclamado, de asegurar a los menos pudientes y/o a los accidentalmente necesitados, una «protección vivencial«, una «solución habitacional«, o cualquier iniciativa que satisfaga cualesquiera de las variadas situaciones que afectan a las familias o a las personas individuales. Eso sí, si hay que consagrar la vivienda pública de alquiler, seamos sagrados a la hora de respetar instalaciones, limpieza, decoración y trato cuidado del bien que se facilita. Una precaución, una caución y una inmediata repercusión en la Agencia Tributaria y en las cuentas bancarias personales deberían regularse. Este es un desafío asumible fácilmente por nuestras administraciones, si es que sigue pujante la interpretación de que el político ha de estar inclinado hacia la organización, gestión y administración de lo público y no abandonarse a la falsa baratura de «lo privado».

En el punto tercero me encuentro flojo. Hemos chocado con los conceptos chirriantes y desengrasados del Derecho Romano, que parecen tener más rigor que los axiomas matemáticos. Es curioso cómo cambia la Filosofía a lo largo de las épocas, cómo se discuten las teorías físicas, cómo se ponen en discusión creencias médicas y cómo de inoxidable e inalterable siguen los fundamentos del «derecho»: los mismos siguen siendo los mismos. No es lo mismo dación que donación, hipoteca que préstamo, vinticatio que actio legis,

Y lo que hecho mucho en falta, proviene de la ausencia de críticas de corte ecologista en contra de los atropellos que se han fomentado contra el buen orden del territorio y el respeto a la vida diversa que no ponga en peligro especies vivas.

Muy regulín por los concentrados; no está bien que a algunos se les ha pasado por la realidad ligar el problema de la vivienda con la problemática medioambiental y urbanística; estaba muy claro, sólo había que preocuparse por el derecho a un hábitat digno, estaban a un paso de adelantarse a propuestas livianamente sostenibles.

Para la próxima.

Una banderita para los olvidadizos.

Goyo
09-jun-11

Bandejpg

Spanishrevolution (II)

Aperos

Cuando Maxi Robespierre y su pandilla de revolucionarios parisinos hilvanaban lo que todavía está por coser, casi seguro estoy que para ellos y para los girondinos, las discusiones y los debates de la Asamblea eran revolucionarios. En los debates y asambleas de esta primavera tórrida y soleada, no me parece que exista convicción de que estamos ante un acontecimiento social que merezca tal nombre; pero como los esfuerzos y las tensiones han sido abundantes, seguro que las propuestas no solamente dejarán poso sino que germinarán.

Antes de que sepamos si la plaza vuelve a ser el campo primigenio, cruce de calles, almacén de sueños,… ya están los agoreros pronosticando su inanición o, lo que es más y mucho peor, que el movimiento se pare en un partido político (por absorción/por creación); será entonces cuando tendremos más seguridad a la hora de utilizar, o no, con precisión, el calificativo «revolucionario».

Las propuestas que mayor magnetismo podrán crear giran alrededor de nuestra capacidad como sociedad para ser abundantes también en «trabajo»; lamentablemente, parece que nadie reivindica que lleguemos a lo que podríamos llamar «derroche laboral». Cosa que me parece hasta milagrosa si me dedico a ver números de trabajadores afiliados a los sindicatos, a la participación de los afiliados, al respaldo y valor concedido por la ciudadanía a las tareas sindicales y a la filosofía escrita y practicada por algunas organizaciones que se dicen defensoras de los derechos y de los deberes de los trabajadores.

Pues la segunda tanda de propuestas, en número de cinco, se destinan a diseñar una estrategia contra el desempleo. Son éstas:

1.- Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
2.-Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
3.-Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
4.-Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
5.-Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

Creo que la necesidad de repartir el poco trabajo que se ofrece, tiene que ver con las herramientas. Bien pronto me parece que nos hemos olvidado del avance de nuevo maquinismo, que incluso el ocio -no ya el trabajo- viene dispuesto en máquinas. El resultado es que no sólo se abarata la pena del trabajo sino el tiempo del trabajo, y lo último repercute en una menor cantidad de trabajadores. Ello supuso hace más de medio siglo la aventura de dictar por ley una jornada máxima de ocho horas diarias y un correspondiente descanso semanal que se ha ido agrandando y parece no tener fin. Para ambas situaciones apunté meses atrás algunas reflexiones que quizá convenga revisar: tal vez sea viable una jornada laboral de seis horas con la proporcional reducción de salario y quizá no sea de locos comenzar a pensar en otra concepción de la semana diferente a como la dibuja el Génesis o la impuso la cultura judía.

Acerca de la jubilación, la concepción del Estado del Bienestar apunta a una personalización de las condiciones de trabajo de forma que cabe esperar diferentes formas de abandonar o cambiar de trabajo sin que una determinada edad sea la clave definitoria. Y conviene buscar planteamientos de un periodo de tránsito hacia la jubilación definitiva con jornadas adaptadas al trabajador y/o a la empresa o administración.

Sobre el trabajo temporal es cuestión que debemos aceptar y que viene impuesta por las tendencias sociolaborales a la adaptación; hay empresas que pueden afrontarla causando beneficios. Otra cosa y necesidad es que debamos impedir abusos. La cuenta quizá se aclare diciendo que a la sociedad le debe dar igual que un trabajo de ocho horas lo ejecute una persona en ese tiempo, o sea ejecutado por dos personas que hayan trabajado cuatro horas cada una.

El despido cuando existen beneficios no persigue otra cosa que buscar más beneficios, esa es la clara filosofía que sustenta la teoría de la competitividad, que por cierto, no sé como no ha sido agarrada de los pelos incluso por pensamientos progresistas, cuando observamos que el ser competitivo se aleja mucho del ser solidario y fraternal.

Acerca del restablecimiento de un subsidio no debe fijarse en un número único, creo que estamos en condiciones de asegurar una mejor atención a la persona sin trabajo teniendo en cuenta su condición familiar, de renta y de limitaciones por edad o condición de valía. Ello implica una mayor cantidad de personas dedicadas a las oficinas públicas de atención laboral.

Vale. Pero les noto un tremendo olvido. En nuestra sociedad y cultura -Europa Occidental- el trabajo es un elemento contractual que surge a través de las iniciativas empresariales. Siempre nos han hecho creer que son las empresas las instituciones que crean empleo y la función de las administraciones públicas residen en animar y ayudar en lo posible a las iniciativas empresariales. Muy bien. Pero en el andar cotidiano, las personas con graves problemas económicos porque no encuentran trabajo, acuden a los Ayuntamientos a demandar «lo-que-sea» y ahí tenemos a miles de alcaldes agobiados por atender una necesidad que ninguna de las leyes que regulan las Haciendas Locales recogen como de obligado cumplimiento. Item más, tan solo cuatro o cinco años atrás, las empresas denostaban (por decirlo educadamente) a los gobiernos municipales que decidían hacer obras públicas por administración, argumentando que los Ayuntamientos «quitaba» el trabajo a las empresas. Ahora son las empresas las que demandan a las instituciones públicas el fomento de obras públicas para salir del bache; es decir, estamos en la época donde las empresas piden empleo a las administraciones. Ahora son también los obreros quienes acucian a los Ayuntamientos para que les «den» trabajo. Ahora han sido los aspirantes a regir los gobiernos municipales los que han prometido «crear» empleo. Ahora podrá salir quizá alguien a recordarle que esos dineros públicos no deben tener carácter finalista distinto al previsto por los textos refundidos. Parece un primer paso hacia una malversación general y consentida; eso es lo que parecen decir nuestras más elevadas palabras.

¿Vamos/queremos ir hacia un estado comunista donde los bienes de producción y las condiciones laborales las dicta papá Estado?

Goyo
02-jun-11

Spanishrevolution (I)

Perroflauta

Con lo que a mí me gusta el dulce de la flauta y con lo que lloré a secas la muerte de mi perro, me duele la burla fácil que fácil se hace de los asentados en las plazas: “perroflautas”. Tiene el término -además- el respetado equilibrio de género compactado, que es el que no se para a distinguir a la persona por lo que tiene en su entrepierna sino por lo que ocurre en el entrecejo.

Me ha llegado el documento que dice recoger las propuestas aprobadas por las diversas asambleas habidas en la plaza del kilómetro cero. Palabra más o palabra menos, se deberá a eso tan común de contaminaciones bacterianas o de afectaciones víricas. No importa: el paso está dado y más que agradecimientos y seguimientos requiere también críticas.

Tanto he leído o escuchado, y tan poca estructura de control organizativo tengo del trabajo ingente, que es muy posible que funda mis deseos y mis ilusiones con las ideas y con los pensamientos razonados. O sea, que me temo que también me han empujado al inicio de esa época donde el hilo conductor es más pasional que racional. Eso quizá explique cómo las voluntades apasionadas conceden castigo electoral al partido que se desplaza a la derecha y a la vez, depositan su confianza en un partido que se aleja cada vez más de planteamientos de la izquierda social y política. La Política se adentra en los territorios de lo razonadamente ingobernable y apasionadamente respetuoso.

En este asunto serio de las plazas de mayo, felizmente, a mi entender se ha superado aquella primera fase del “nolesvotes”, para acceder a propuestas donde la participación sigue siendo la clave del devenir de las tareas políticas.

En el primer planteamiento destinado a la eliminación de los privilegios de la clase política, si bien se demoniza la condición privilegiada de los políticos, no se defiende ni se define un reconocimiento de la tarea política como la más noble y abierta que pueda ejercer cualquier persona de una sociedad democrática. Esta es una falta de pulsión que incluso perjudica a los emplazados, que a mi entender ejecutan de la manera más sobria y libre su racionalidad política. Habrá primero que definir qué es eso de “clase política”.

Ser “político” nace de actuar en función de los problemas que se perciben en los demás; cuando solamente me preocupo de mis propios asuntos, y los antepongo o a los problemas de mi ambiente social, los clásicos griegos definían este comportamiento como “idiota”; es decir, “egoísta”, término que en nuestros días habita en otros campos semánticos. La persona política es la que es incapaz de sustraer su pensamiento y su comportamiento a lo que percibe como problemas de las personas con las que convive. Un primer reconocimiento de la necesidad y del deber político es la primera condición para debilitar posibles privilegios.

Estas son la conclusiones acordadas sobre el asunto de los privilegios:

1.- Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
2.- Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
3.- Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
4.- Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
5.- Reducción de los cargos de libre designación.

Sobre el grado de absentismo y su control, me temo que no logremos diseñar un sistema que asegure el libre tránsito del personaje político con su permanente disposición a estar presente. Un nivel de confianza será siempre necesario, lo que no impide mayor transparencia en las agendas. Por cierto, debemos suponer que estas condiciones deben exportarse a cualquier servidor público.

Es muy sensata la aspiración a que la persona política deba ser sometida a la igualdad en los terrenos fiscales, impositivos y de derechos a una determinada pensión futura. Claro está, si el sistema no premia con salarios “atractivos” a los mejores, es muy posible que las competencias políticas tengan dificultades por no dispone de personas “competentes”. El buen pago es muy distinto al perverso privilegio.

Sobre la inmunidad asociada al cargo cabe reivindicar su desaparición y sigue siendo plausible que los delitos relacionados con el cohecho, el chantaje y demás formas abruptas de acción, sean perseguidas con independencia del cargo y en atención a lo que digan las leyes.

Indiscutible me parece la propuesta de hacer público el patrimonio y que también sea actualizado año tras año.

A tenor de la reducción de cargos de libre designación puede definirse numéricamente en función de un acuerdo global de las administraciones de manera que cada organismo público sepa de antemano qué cuantía y condición debe permitirse para una sensata ejecución conforme a los porgramas que haya que realizar.

Al parecer, ya se ha hecho la primera distinción entre el concepto “15-M” y el oportunista “nolesvotes”; deben seguir otras distinciones más profundas. No creo que sea lo mismo “15-M” que el concepto “spanishrevolution”. Supongo que tendremos tiempo en deshilacharlos.

Goyo
01-junio-11